La argumentación jurídica de Ronald Dworkin.

Ronald Dworkin determina que el Derecho es algo más que meramente normas jurídicas; refiere que es fundamental descubrir y diferenciar precisamente las normas jurídicas de los principios, directrices políticas y otro tipo de pautas.  Estructura sus argumentos bajo dos perspectivas: una que radica en la crítica que realiza sobre las teorías del positivismo, mientras que la otra va en función de la construcción de una serie de razonamientos que determinan que “cuando los juristas razonan y discuten derechos y obligaciones jurídicas, especialmente en los casos difíciles en que los problemas con los conceptos jurídicos parecen agudizarse más, echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios o directrices políticas.

Dworkin entiende como principio, en términos generales, al conjunto de estándares que no son normas; complementa su acepción de principio, como un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad.  Por otra parte, entiende que una directriz es un estándar que propone un objetivo que ha de ser alcanzado, por lo general una mejora en algún rasgo económico, político o social de la comunidad.

He señalado la concepción del derecho bajo el esquema de normas, directrices y principios de Dworkin, ya que si bien es cierto que es considerado como un neoconstitucionalista y/o neopositivista, desde mi óptica tiene una tendencia ius naturalista, debido a esa influencia de la moralidad y política que determina como contenido de lo que denomina directrices o principios, desprendiéndose parcialmente de los esquemas positivistas más puros.  No por el mero hecho que reconoce la existencia de principios y directrices así como su función dentro de la actividad judicial al emitirse resoluciones y pronunciamientos de derecho, desconoce el contenido de las normas jurídicas, más bien lo entiendo como que Dworkin pretende emitir una teoría que complementa los espacios de integración que dejan las normas jurídicas vacantes de pronunciarse.

Dworkin efectúa una crítica al esquema que formuló H.L.A. Hart, respecto de su regla secundaria de reconocimiento.  Dworkin comienza su crítica a la concepción de la existencia de deberes u obligaciones jurídicos, según la teoría de Hart, en la cual estos no pueden existir de ninguna clase sino son precedidos por una práctica social uniforme de reconocimiento de tales derechos y obligaciones.  Bajo el esquema de Hart, la ley determina lo que tienen el deber de hacer o lo que no tienen el derecho de hacer, incluidos los deberes de los jueces y funcionarios de reconocer e imponer ciertas normas, como válidas; estos deberes existen cuando existen normas sociales que tienen previstos tales deberes.  Respecto a este punto, Dworkin señala que habrá que discernir entre la existencia de una norma determinada, dentro de una comunidad, y que la misma sea aceptada y se comulgue con dicha norma; por ello, distingue entre una norma social y una regla normativa, respectivamente.  Dice Dworkin que esa teoría de norma social, como le llama, no puede justificar que hay reglas normativas que no pueden ser explicadas como apelaciones a una norma social, por la razón que no existe una norma social correspondiente.

Continúa su argumento señalando que esa teoría de Hart, solo puede ser correcta cuando toda una comunidad está de acuerdo en que tal deber (a partir de una norma social) existe, para lo cual inclusive entiendo, dice Dworkin, en cuyo caso, no se necesitaría un esquema de norma jurídicas.  La crítica continúa en que esa teoría no es suficientemente capaz de explicar lo que Dworkin llama a la moralidad concurrente y la moralidad convencional.  La moralidad concurrente es cuando sus miembros coinciden en afirmar la misma regla normativa, pero no consideran el hecho de esa coincidencia como parte esencial de la razón por la cual afirman dicha regla; en tanto que la moralidad convencional es cuando si consideran dicha coincidencia como esencial para afirmar y reconocer tal regla.  En este sentido, la teoría de Hart únicamente, según Dworkin, se encuadra en lo que denomina una moralidad convencional, escapando de su ámbito explicativo los problemas que conlleva el deber judicial, ya que esa deber de los jueces de emitir resoluciones, y máxime como en un caso difícil, no existe un norma social correspondiente ni responden a su pronunciamiento por el hecho que todos los jueces emitan tales resoluciones judiciales, ya que pueden estar en desacuerdo sobre el alcance de ese deber judicial.

Al respecto dice Dworkin, que una norma es incierta cuando no se conocen los hechos respecto de lo que hace y piensa la gente, ya que pueden diferir inclusive en su entendimiento, sus alcances y detalles; es así en la medida en que la comunidad discrepa respecto de la adecuada aplicación de su formulación estándar, en especial, en los casos discutibles que deben ser decididos sobre la base de interpretaciones excluyentes de otras.  Ante ello, Dworkin propone que la teoría de Hart, en sus normas sociales, no fija el límite de los deberes, únicamente fija su umbral; señala que la práctica social ayuda a justificar una norma que el juicio normativo enuncia pero que no la constituye.  La norma jurídica puede así estar justificada por una práctica social común, pero no necesariamente encontrar su equivalencia  en tal norma social, ya que inclusive puede rebasar ese contenido normativo.  Dworkin afirma, dentro de sus argumentaciones, que a su juicio la denominada regla fundamental, sustentada por Hart, no es susceptible de ser encuadrada en una simple regla, sino que debe estar compuesta de forma más compleja.

Para sostener la existencia de los principios y directrices, dentro del derecho, Dworkin ha referido el denominado apoyo institucional, que radica en encontrar tales principios enunciados por las autoridades judiciales dentro de una resolución o en lo que denomina un precedente, en el sistema anglosajón.  Dentro de este argumento, Dworkin recibe las críticas de parte de Joseph Raz, de tendencia positivista, quien desconoce a los principios y directrices de Dworkin, resumiéndolos no como un deber de los jueces de emplear y discernir sobre tales principios, sino que los contempla como una facultad discrecional del juzgador para aplicar tales principios pero únicamente como una regla de reconocimiento denominada “costumbre judicial”.  Sin embargo y de una manera muy fácil, Dworkin elude esta crítica por dos razones fundamentales: dice “primero, la gran mayoría de los principios y directrices que citan los jueces son discutibles, por lo menos en cuanto al peso; segundo, muchísimos alegatos basados en principios apelan a principios que en modo alguno han sido objeto de una práctica judicial establecida.”.

Ahora bien, retomando el tema de discrecionalidad de los jueces, Dworkin alude que el término discreción tiene tres acepciones: 1) Si su deber se halla definido por estándares que las personas razonables pueden interpretar de diferentes maneras; 2) Si su decisión es definitiva, de modo que ninguna autoridad superior pueda revisarla y anularla; y 3) Cuando un conjunto de estándares que le imponen ciertos deberes no le imponen efectivamente deber alguno respecto de una decisión determinada.  Dworkin cree que un juez puede tener discreción judicial en los supuestos 1 y 2, pero que en el sentido 3, tal cual afirman los positivistas no es factible que un juez tenga discrecionalidad, ya que argumenta que los deberes (judiciales) no pueden ser discutibles en principio, así como el hecho que todo sistema jurídico contiene una regla de decisión que estipula afirmativamente que los jueces tienen discreción en los casos difíciles.  Señala que “es evidente que no existen ni siquiera los comienzos de una norma social que convierta la discreción que exige el juicio en la discreción que excluye el deber.”

Asimismo, Dworkin contesta las críticas de Raz relativas a la distinción que efectúa  entre normas y principios, bajo la perspectiva que los principios son susceptibles de entrar en conflicto y de influirse recíprocamente, en aquellos casos difíciles, dice “de manera que cada principio que tiene importancia para un determinado problema jurídico proporciona una razón que, aún cuando argumento a favor de cierta solución, no la determina”.  Aquí es cuando el juez debe evaluar todos los principios en conflicto y contradicción y llegar a partir de ellos a una resolución, sopesando las diversas importancias que revistan cada uno de tales principios en acción.  El autor señala que dentro del campo de la moral, nos encontramos en presencia de principios más no de normas, parafraseando a Dworkin, entre dos estándares morales, por lo cual no existe conflicto ni contradicción de normas.  Ello no implica que cualquier individuo asuma tales principios morales como normas morales, que en caso de conflicto, el individuo decidirá enmendar sus propias normas o decantarse por un principio moral (valoración del peso del principio como ha sostenido Dworkin), pero reitera que será sobre principios no sobre normas el conflicto.

Entiendo que Dworkin señala que entre norma jurídicas no puede existir tal conflicto, ya que la propia norma estipula su excepción a otro norma evadiendo tal conflicto.  Señala que las dos normas, en conjunto, determinan el resultado de manera tal que no exigen que el Juez escoja entre ellas ni determine su importancia relativa.  “Un enunciado completo de una norma jurídica incluiría sus excepciones y que una enunciación de una norma que descuidase las excepciones sería incompleta”.  Estas excepciones pueden revestir la forma de una norma distinta o como un enunciado dentro de la norma original.

Entiendo que Dworkin asume como el objetivo del Derecho la distinción entre los principios de las normas, ya que inclusive reza que las normas jurídicas pueden entrar en conflicto con los principios, en cuyo caso “las normas representan una especie de compromiso entre principios de esta manera concurrentes”.  No desconoce la validez ni vigencia de las normas, como podría sostener un autor positivista, pero crea una estructura alternativa y de soporte al esquema de normas válidas, en cuyo caso, deberá sujetarse a las condiciones y circunstancias políticas, sociales y morales de cada comunidad en las que se pretenda analizar, sin perder de vista que esta teoría de Dworkin surge dentro de un sistema judicial, el anglosajón, en el que el derecho y sus normas aplicables se va estructurando día con día dentro de los denominados precedentes judiciales, que son obligatorios encontrando el stare decisis en dichos precedentes, que pueden surgir, bien sea por un lado de derecho codificado o bien del denominado equity.